El monstruo de las tres cabezas

El título de esta nota alude a la tricefalia que integran el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y los tribunales constitucionales de los Estados miembros. Desde los orígenes de la integración europea ha existido una confrontación intelectual entre el TJUE y el Tribunal Constitucional Federal alemán (en adelante “Tribunal de Karlsruhe”) atinente, entre otros aspectos, al hecho de que la Unión Europea no se haya dotado de mecanismos de protección de los derechos fundamentales hasta fechas muy recientes, esto es, hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, cuyo artículo 6 dota de valor jurídico a la Carta de la Unión Europea de Derechos Fundamentales.

La visión del TJUE vendría a ser que los tribunales constitucionales y el TEDH no deben juzgar si las normas que integran el Derecho de la Unión Europea (en adelante “DUE”) son respetuosas con los derechos fundamentales. Sólo el TJUE tendría potestad para juzgar tal extremo, y ello con el único fin de garantizar los principios de primacía, unidad y eficacia del ordenamiento jurídico europeo. Y lo haría ciñéndose al contenido de la Carta de la Unión Europea de Derechos Fundamentales pero sirviéndose, eso sí, de las “tradiciones constitucionales comunes” de los Estados miembros y del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) como principios del Derecho de la Unión.

Resulta además que, tras el Tratado de Lisboa, la Unión Europa se ha puesto el objetivo de adherirse al CEDH. Dicho convenio viene garantizado por el TEDH, con sede en Estrasburgo, cuyas sentencias tienen carácter vinculante para los Estados parte. Pues bien, la adhesión de la UE a dicho convenio acarrea difíciles problemas de relación entre el TJUE y el TEDH. La Unión Europea y el Consejo de Europa habían alcanzado un principio de acuerdo en el año 2011. Ahora bien, dicho acuerdo fue llevado ante el TJUE para que éste se pronunciara sobre la adecuación del mismo con los Tratados de la Unión. La respuesta del TJUE ha llegado en su Dictamen de 18 de diciembre de 2014, en el que se opone a la adhesión de la UE al CEDH, en los términos establecidos en el acuerdo, por muy diversas razones. Algunas de ellas son:

  1. La falta de coordinación entre el CEDH y la Carta de la Unión Europea de Derechos Fundamentales.
  2. El cuestionamiento del principio de confianza entre los Estados miembros de la Unión, en tanto que el CEDH exige que los Estados miembros verifiquen el respeto de los derechos fundamentales por otros Estados miembros.
  3. La amenaza de que, a través del novedoso procedimiento de opinión consultiva, el TEDH pudiese conocer de un asunto sobre el cual ya se hubiera pronunciado el TJUE con anterioridad.
  4. La potencial violación del artículo 344 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues sería posible que un Estado miembro de la Unión plantease una demanda ante el TEDH contra otro Estado miembro o contra la propia Unión.
  5. La posibilidad de que el TEDH declarase responsable por violación de un derecho fundamental a un Estado que, codemandado junto a la Unión, hubiese emitido reservas al CEDH o a sus Protocolos.
  6. El hecho de que el TEDH, al decidir entre la Unión y el Estado miembro codemandados cuál es el único responsable, estuviese realizando un juicio sobre el reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros, extremo que en virtud de los Tratados sólo corresponde al TJUE.

En mi opinión la Unión Europea no debería adherirse como tal al CEDH, sino más bien adoptar un mecanismo interno que sí permitiese al TEDH condenar a un Estado miembro por la violación de derechos fundamentales, sin distinguir si lo hace en virtud de normas nacionales propias o de normas derivadas del DUE; acto seguido, y en virtud de ese mecanismo interno, el TJUE procedería a examinar si la violación es imputable a la aplicación de las normas del DUE y, de ser así, establecería el modo de ejecutar la sentencia del TEDH. Lo que está claro es que el TJUE debería aceptar el juicio realizado por el TEDH y no cuestionarlo ni enmendarlo. De lo contrario la situación se haría insostenible y ahondaríamos todavía más en el enredoso galimatías jurídico de esta integración europea. El Tribunal de Karlsruhe no dará jamás su brazo a torcer ante el TJUE mientras el Derecho de la Unión no se someta plenamente al TEDH. Pero eso no quita que me parezca un disparate el seguir empeñados en tratar a la Unión Europea como un sujeto diferenciado y desdoblado de sus Estados miembros en las relaciones internacionales de estos últimos con terceros.

Yendo más allá de los derechos fundamentales, el enfrentamiento entre el TJUE y el Tribunal de Karlsruhe se bate ahora en torno al programa del Banco Central Europeo para la compra de títulos de deuda soberana en los mercados secundarios, conocido como Operaciones Monetarias de Compraventa o Outright Monetary Transactions (OMT). Para el Tribunal de Karlsruhe dicho programa atenta a la Constitución alemana; para el TJUE el Tribunal de Karlsruhe no tiene potestad para juzgar la constitucionalidad de un acto jurídico de la Unión, siendo únicamente el TJUE quien puede juzgar la licitud de dicho programa y sólo en relación con los Tratados de la Unión, no con las Constituciones de los Estados miembros, más allá de las “tradiciones constitucionales comunes”.

Cada tribunal juzga una dimensión distinta de la relación entre la Unión Europea y el Estado miembro: el TJUE defiende que el DUE prima sobre todo el derecho nacional, incluidas las normas constitucionales; el Tribunal de Karlsruhe, por el contrario, se siente legitimado para juzgar si una de las instituciones de la Unión, el Banco Central Europeo, se ha excedido del mandato que le han conferido los Tratados y, en última instancia, la propia Constitución alemana al delimitar el ámbito de la soberanía cedida (control de la ultra vires). Hablando claro, Alemania sólo tiene dos opciones: o se baja los pantalones ante el BCE y las economías del sur, o da un puñetazo en la mesa y amenaza con abandonar el euro si no se retira el programa de las OMT.

Castellón de la Plana, 22 de enero de 2015.

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