Los «borrados»

En febrero de 1992 […] el gobierno de la […] República de Eslovenia decidió eliminar del registro de residentes, mediante un procedimiento secreto y sin informar a los interesados, a todos aquellos que no habían solicitado la ciudadanía eslovena en los seis meses posteriores a la independencia. […] De la noche a la mañana, los «borrados», como se pasó a denominarlos, se convirtieron en residentes ilegales. En el mejor de los casos perdieron el derecho a empleo, pensiones o asistencia médica. Pero como además eran residentes ilegales, muchos fueron obligados a dejar el país […].

Tras muchas presiones, [la ONU y Amnistía Internacional] consiguieron que la Corte Constitucional eslovena condenara en dos ocasiones la ilegalidad y la anticonstitucionalidad de la medida. Sólo en 2003 se emitió una sentencia por la que se obligaba al gobierno a enmendar el desafuero, y a indemnizar a las víctimas. Pero ni por esas: los gobiernos eslovenos consideraban que aquello no iba con ellos. En 2006, el gobierno de turno incluso ejecutó represalias contra periodistas que intentaban protestar por este y otros abusos. Y dos años más tarde, el entonces presidente de gobierno e impulsor en su día de la limpieza étnica administrativa, Janez Janša, […] exministro de Defensa y traficante de armas, presidía la Unión Europea. En marzo de 2010 parecía haberse solucionado el problema de los «borrados», uno de los casos más llamativos de limpieza étnica administrativa acaecidos en la Europa contemporánea […].

[E]l fenómeno de los «borrados» es un asunto tabú en la Eslovenia de nuestros días; y, desde luego, entre los constructores de la historia canónica de las Guerras de Secesión yugoslavas. El proceso de «limpieza administrativa» eslovena […] fue consustancial y parte íntegra e inseparable de ese proceso [de independencia]; prueba de ello es que cuando el gobierno Pahor empezó a implantar las sentencias del Constitucional, la reacción de Janša fue rabiosa. Se llegó a intentar la destitución de la ministra y líder de los liberales, Katarina Kresal, por vía parlamentaria. La cuestión, veinte años después de la independencia, sigue justificándose bajo el argumento de que la mayoría de los afectados estaban en contra de la independencia.

Francisco Veiga (2011), La fábrica de las fronteras. Guerras de secesión yugoslavas 1991-2001 (pp. 62 a 64)

Le pasé este texto a una amiga conocedora de los asuntos eslovenos para comprobar el grado de [no] objetividad del autor. Opinó que el modo en que estaba explicado le parecía muy exagerado, y que veía al autor partidista (yo ya sé que éste es proserbio). Y me dijo que se dio un plazo para obtener la nacionalidad sin requisito alguno (bastaba con personarse y declarar que llevabas viviendo x años en Eslovenia), pero que muchas personas no se acogieron a la medida por diversas razones: unos, porque estalló la guerra (que duró seis días, aunque la llamen “Guerra de los Diez Días”) y huyeron a sus repúblicas originarias; otros, porque pensaron que el ejército federal aplastaría la intentona separatista y prefirieron no inscribirse; algunos sencillamente no quisieron registrarse como eslovenos sino seguir como croatas o serbios con residencia permanente (aclaro que en Yugoslavia, aparte de la ciudadanía yugoslava, debías escoger una nacionalidad llamémosla “interna”: esloveno, croata, serbio, Musulmán -con mayúscula y con independencia de tu religión, equivalente a bosníaco-, yugoslavo a secas, etc.); y sólo unos pocos no fueron informados en tiempo y forma, como declaró el propio Tribunal Constitucional esloveno (porque vivían en zonas aisladas, porque no sabían leer, etc.).

Sea como fuere, yo jamás había caído en la cuenta de que, en cualquier proceso de independencia, ya sea pactado o unilateral, quienes quieran mantener hasta las últimas consecuencias su posición contraria a la independencia, a la larga es probable que acaben perdiendo, como mínimo, sus derechos políticos en la nueva entidad soberana.

Los documentos que cita el libro, para quien tenga interés, son estos:

Castellón de la Plana, 31 de julio de 2015.

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