Radiografía de los nacionalismos hispánicos (o un intento de ello)

Llevo unos días leyendo textos y artículos sobre la política española del siglo XIX. Huyendo de lugares comunes y afirmaciones etéreas, quería explicarme qué sucede entre los años del Sexenio Democrático y las primeras décadas de la Restauración para que en un lapso tan corto de tiempo emerjan -¿de la nada?- y se afiancen sobremanera los nacionalismos catalán y vasco. Y lo hago en medio de mis últimos preparativos antes de mudarme a Chile por una temporada. Me he hecho un mapa conceptual que voy a tratar de estructurar y exponer en esta nota. Para hablar de estos nacionalismos distinguiré entre sus ropajes (contexto europeo, mitos, comportamientos, estrategias…) y sus cuerpos (dinámicas, cambios, enquistamientos…), exponiendo primero aquéllos y luego éstos. No hablaré del nacionalismo gallego, del que apenas sé nada. Ni me referiré en ningún momento a nociones tan recurrentes como las de nación y centralismo, que ya me hastían. Que nadie me prejuzgue hasta que no se haya leído toda la nota. Insisto, toda.

SUS ROPAJES

1. Mitos y souvenirs

Hace unos años tuve que leer “La creación de las identidades nacionales. Europa: siglos XVIII-XX”, de Anne-Marie Thiesse. Trata de la configuración de las identidades nacionales de muchos estados europeos en los dos últimos siglos y su relación con los cambios políticos (la consolidación del estado liberal), económicos (las implicaciones del modo de producción capitalista) y sociales (la formación de los movimientos de masas) surgidos durante ese mismo periodo. La autora alude desde un principio a la llamada check-list o “sistema IKEA” de construcción de identidades nacionales. Dicho sistema se compone de diversos elementos que fueron comúnmente utilizados o incluso creados ex novo para la conformación, o cuando menos, para la toma de conciencia de cualquier identidad nacional:

  • la publicación de epopeyas nacionales que remarcasen líneas de continuidad entre los pueblos antiguos y las poblaciones de finales del siglo XIX (Fingal y Temora en Escocia, Kalevala en Finlandia, Kalevipoeg en Estonia…) a partir de manuscritos tergiversados y falseados, cuando no inventados, por élites sociales que, por distintos motivos, estaban muy interesadas en avivar la conciencia nacional de sus respectivas comunidades;
  • el enaltecimiento de las lenguas habladas por el pueblo llano, cambios de alfabeto por razones ideológicas, la depuración de vocablos procedentes de otros idiomas y la adopción de normativas sobre la base de una variante dialectal;
  • la “revolución ideológica de la concepción de la historia” operada a lo largo de los dos últimos siglos para adecuar la narración histórica al discurso identitario, así como al mandato que recibe la instrucción pública para forjar los valores patrios desde la más tierna infancia.

A partir de aquí la autora va encadenando sucesivamente elementos propios de la literatura y las artes (novela histórica, teatro histórico, lírica, óperas como Nabucco, música, pintura histórica…), los museos nacionales, los monumentos y el patrimonio nacional, el deporte (los Juegos Olímpicos, el Tour de Francia…), los parques nacionales y los monumentos históricos, para llegar al gran consumidor de tradición que es, en su opinión, el turismo. Y también el ocio de masas a partir de la elevación de las costumbres campesinas.

El primer nacionalismo hispánico que siguió algunas de estas pautas, y lo que digo en adelante ya no está en el libro anterior, fue el español. A mediados del siglo XIX la intelectualidad española, bajo el influjo del romanticismo y el historicismo imperantes en Europa, se volcó al unísono por promover el sentir patriótico y el amor a España entre los ciudadanos:

  • los historiadores elucubraban fábulas sobre los orígenes bíblicos de la península ibérica, enaltecían las gestas de la Reconquista y justificaban la labor de la Inquisición así como la expulsión de judíos y moriscos en aras a preservar la pureza de nuestra fe católica (Juan Tárrega, Fernando Patxot, José Angulo, Francisco Belmar…);
  • los escritores exaltaban e idealizaban nuestros valores patrios en sus obras (Gil y Zárate, José Zorrilla, Estébanez Calderón…);
  • y nuestros pintores, compositores y arquitectos se veían asimismo arrastrados por esa euforia historicista (Eduardo Cano, Víctor Manzano, Eduardo Rosales, Federico Chueca, Ruperto Chapí, Josep Clavé…).

La agresiva política exterior que emprendió el Gobierno de la Unión Liberal con O’Donnell al frente (la ocupación de Saigón, la anexión de Santo Domingo, la guerra de Marruecos…) obedeció al deseo de excitar la conciencia patriótica de los españoles. Y de hecho estas acciones tuvieron un amplísimo respaldo entre los sectores más variopintos de la opinión pública (obispos, republicanos, moderados…).

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* Recomiendo encarecidamente leer el siguiente artículo antes incluso de proseguir con mi escrito: José Álvarez Junco, La difícil nacionalización de la derecha española en la primera mitad del siglo XIX, Hispania, Vol. 61, nº 209, 2001 (disponible en http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/279).

Este artículo recoge que durante el periodo señalado sólo la “izquierda” (me refiero a los liberales de la época) era patriota, y que a los sectores conservadores les costó muchísimo sustituir la defensa de la fe por el culto a la patria. El resultado de todo ello, en mi opinión (lo que voy a decir creo que ya no está en el artículo sino que fueron las reflexiones que tuve después de leerlo), fue un híbrido nacionalcatólico rancio y casposo (hablo de mucho antes de Franco) que monopolizó la idea de España en términos excluyentes. La izquierda se dibujó así en términos opuestos, los nacionalismos periféricos afloraron y los liberales desaparecieron. Esa es la tragedia de nuestro país “a medio cocer”: las dos Españas que se vieron reflejadas en la disputa académica entre Américo Castro y Sánchez-Albornoz sobre la españolidad o antiespañolidad de nuestro pasado andalusí, por poner un ejemplo claro.

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Los nacionalismos vasco y catalán, sin embargo, no aparecen en escena hasta la época de la Restauración, bajo los gobiernos alternantes de Cánovas y Sagasta. Con anterioridad, todos los movimientos políticos del siglo XIX habían tenido una proyección nacional (los doceañistas, el carlismo, los moderados, el federalismo de los demócratas republicanos, etcétera), e incluso se había perseguido la unión con Portugal. A partir de 1876, empero, se suceden mutaciones políticas vertiginosas en los escenarios catalán y vasco:

 

  • Ley vasca
    Extracto de la “Ley haciendo extensivos á los habitantes de las Provincias Vascongadas los deberes que la Constitución de la Monarquía impone á todos los españoles, y autorizando al Gobierno para reformar el régimen foral de las mismas en los términos que se expresa”, publicada en la Gaceta de Madrid el 25/07/1876

    Sobre el nacionalismo vasco, el resultado de la Tercera Guerra Carlista, la identificación del fuerismo vasco con el carlismo que se hizo a partir de entonces en el resto de España, la consiguiente supresión de las instituciones forales vascas a partir de 1876 y el mantenimiento de la suspensión de las garantías constitucionales dos años más en las Vascongadas que en el resto de España son sucesos que dejaron descolocados a los fueristas liberales y que propiciaron entre los vascos “esa imagen de «conquistados», y que el ejército que derrotó a los carlistas pasara a ser comúnmente denominado «ejército de ocupación»”. Ello generó “esa sensación de ser mirados con beligerancia, de ser agredidos desde fuera” y cultivó “un sentimiento tan rentable para promover cohesiones internas y posturas radicales como el del victimismo”, una situación propicia “para formular agravios y reivindicar lo que se entendían que eran antiguos derechos”. Los medios y dirigentes vascos presentarían la abolición de los Fueros “como una especie de hecatombe, de desastre casi apocalíptico, pues […] se producía «la abolición de las libertades vascongadas, de las libertades más antiguas del mundo (…) al amparo de cuyo régimen ha vivido feliz y dichoso [el país vascongado]»”. Esta imagen mitificada de la edad de oro que supuestamente habían vivido las Provincias Vascongadas bajo el régimen foral “reforzaba la visión sacralizada del Fuero, que había de avivar, al estilo que nos recuerda O ‘Brien para Irlanda, las voces ancestrales, las emociones que tendían a exaltar la propia identidad”. El terreno quedaría así abonado para la emergencia del PNV, pocas décadas más tarde. [Los textos entrecomillados están extraídos de Luis Castells y Arturo Cajal, La negociación imposible (Cánovas y el fuerismo vasco en 1876), Hispania, Vol. 65, Nº 220, 2005, pp. 601-641.]

  • Sobre el nacionalismo catalán, el fracaso de la propuesta federal durante la I República, la ruptura de afinidades entre los liberales catalanes (proteccionistas, al igual que todos los conservadores españoles) y los liberales del resto de España (librecambistas), y la amenaza que para la pervivencia del derecho civil catalán suponía el anunciado proyecto de código civil, llevaron a la organización de los Congresos Catalanistas de 1880 y 1883, a la presentación del Memorial de Agravios ante Alfonso XII (1885) y a la redacción de las famosas Bases de Manresa (1892). En muy poco tiempo la labor cultural y apolítica del movimiento de la Renaixença dio paso al catalanismo político de la mano de entidades y partidos como el Centre Català (1882), la Lliga de Catalunya (1887), la Unió Catalanista (1891) y la Lliga Regionalista (1901). Sin embargo, los mitos del nacionalismo catalán fueron paridos en buena medida por los intelectuales de la Renaixença (Víctor Balaguer, Antonio de Bofarull, Carles Aribau, Jacint Verdaguer, Joaquín Rubió, el obispo Josep Torras y Bages…), todos ellos patriotas españoles y muchos de ellos ultracatólicos y tradicionalistas que, llevados por el romanticismo, sentían nostalgia por la Cataluña medieval, lamentaban la pérdida de las Constituciones catalanas en 1714 y mostraban su preocupación por el abandono de costumbres populares como la sardana o la barretina. El catalanismo político posterior haría suyos estos mitos y símbolos que, insisto, fueron creados por fervientes patriotas españoles de Cataluña sin pretensión política alguna.

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* Recomiendo también leer el siguiente texto (extraído de http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Cataluna-vuelve-vieja-dinamica-libertaria_6_474262578.html):

[L]a dinámica que marcó Cataluña durante la primera mitad del siglo XX [fue] el enfrentamiento a cara de perro entre el partido liberal-burgués, de orden, y un movimiento popular muy poderoso de matriz libertaria. […]

Este antagonismo durísimo que caracterizó la Cataluña de la primera mitad del siglo XX fue sustituido por una dinámica más dulce -o pactista- cuando la matriz marxista -el PSUC- sustituyó a la anarcosindicalista como motor del campo popular.  Era el PSUC que seguía la política del PCE de “reconciliación nacional” o la de su auténtico referente, el PCI italiano, de “compromiso histórico”, y que cristalizó con el impulso de organismos unitarios muy amplios -Assemblea de Catalunya- y hasta con la elección de un democristiano -Josep Benet- como primer cabeza de cartel de la lista comunista a la Generalitat, en 1980.

Pese a que los que se mantuvieron bajo las siglas del PSUC -y su sucesor, ICV-EUIA- conservaron sus banderas de lucha, fue esa mayonesa pactista cocinada por el PSUC la que acabó aportando a Jordi Pujol los cuadros clave para la “construcción nacional” tras la recuperación de la autonomía: de este sustrato procedía desde los que crearon la televisión autónomica (Alfons Quintà-Enric Canals) hasta el que fundó la universidad pública de excelencia (Enric Argullol), pasando por el que consolidó la Escuela de la policía autonómica (Jesús Maria Rodés), etcétera. 

El listado de cuadros procedentes de esta tradición en la Generalitat convergente es largo y ha sido tambén una constante tanto con Artur Mas, que cedió a ex militantes del PSUC o de Bandera Roja áreas tan clave como Economía (Andreu Mas-Colell), Cultura (Ferran Mascarell) y hasta el think-tank del partido (Agustí Colomines), como ahora con Carles Puigdemont, rodeado en el Gobierno de Raul Romeva, Toni Comín, Neus Munté y Dolors Bassa, procedentes ambas de UGT, el sindicato fundado por Pablo Iglesias en 1888. 

La tradición anarcosindicalista y libertaria es muy distinta -más descarnada, menos pactista- y sólo en circunstancias tan extremas como la guerra civil aceptó incorporarse en los gobiernos de unidad antifascistas, y siempre en permanente tensión. Dos de los principales referentes de esta tradición -ambos ministros durante la guerra civil y a menudo enfrentados entre sí- fueron Federica Montseny y Joan Garcia Oliver. Con el relato de la Transición quedaron sepultados en el olvido o, como mucho, reivindicados en los márgenes. […]

La dinámica catalana de la primera mitad del siglo XX, con el antagonismo feroz entre burguesía y anarcosindicalismo, siguió siempre un mismo esquema. Primero, uso intensivo de la bandera del catalanismo para tratar de rebajar la virulencia de la guerra de clases interna, lo que desembocaba a la exaltación del pulso Barcelona-Madrid. Luego, este “proceso” era superado por la dinámica revolucionaria interna, lo que invariablemente llevaba al mismo desenlace: asustado, el partido catalán de orden acababa pactando con Madrid la represión implacable contra la sedición libertaria. 

La primera década de 1900 fue la de la eclosión del nacionalismo político, articulado a través del partido del orden -la Lliga- con lema interclasista -“A la Lliga hi cap tothom”-. El clímax se alcanzó con la candidatura unitaria Solidaritat Catalana, una suerte de Junts pel Sí que arrasó en las elecciones de 1906, pero que no pudo contener la guerra de clases Catalunya endins, que acabó desembocando en la Semana Trágica. Los hombres de la Lliga buscaron auxilio en las fuerzas de represión del Estado y fueron implacables, con fusilamiento incluido del pedagogo libertario Francesc Ferrer i Guàrdia con el aval de Enric Prat de la Riba, fundador del nacionalismo político. 

En la década siguiente, la de construcción de “estructuras de Estado” a través de la Mancomunitat, el fervor catalanista del nuevo hombre fuerte de la Lliga, Francesc Cambó, llegó al punto de erigirse en el “Simón Bolívar de Catalunya”. Pero también la efervescencia nacionalista acabó desbordada por el conflicto social, lo que interrumpió el “proceso” y los hombres de la Lliga volvieron a recurrir a la represión de “Madrid” contra el pugnaz movimiento libertario: primero, a través de los pistoleros de la patronal protegidos por la delegación del Gobierno y luego empujando literalmente al capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, para que diera un golpe de Estado e impusiera en 1924 una dictadura para devolver el orden y masacrar a los anarcosindicalistas. 

Finalmente, en la década de 1930 el centro de gravedad del nacionalismo pasó de la derecha a la izquierda -De la Lliga a ERC-, pero no se aminoró el conflicto social. Al perder la hegemonía en el campo nacionalista, el componente de orden de la Lliga fue arrinconando el catalanista hasta el punto de llevar al equivalente al Tribunal Constitucional español leyes aprobadas en el Parlament. Y cuando el general Franco enarboló la bandera de la reacción para alzarse contra la República, los próceres del catalanismo de orden corrieron raudos a apoyarle, con dinero y con talento: los Cambó, Valls Taberner, Pla, Sentís, Esterlich, etcétera. El objetivo supremo era el de siempre: que el Estado aplastase a los anarcosindicalistas.     

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El Desastre del 98 avivó estos nacionalismos de tal manera que pocos años después éstos ya dominarían los escenarios electorales catalán (1907) y vasco (1917). El principio wilsoniano de las nacionalidades, tan en boga en la Europa de entreguerras, los consolidó plenamente.

2. El pactismo, los Estatutos de Núria y de Estella y el TJUE: el huevo o la gallina

La unión de Navarra a la Corona de Castilla fue interpretada de manera distinta por las instituciones navarras y castellanas desde un principio. Las Cortes castellanas de 1515 en Burgos reflejaron que Navarra se “incorporaba” a la Corona de Castilla como uno más de sus reinos integrantes (Jaén, Córdoba, Murcia…); si bien Navarra conservaría sus leyes e instituciones propias, los castellanos podrían ocupar cargos en éstas e impartir justicia a los navarros. Las Cortes navarras de la primavera de 1516, por el contrario, entendieron que se trataba de la unión dinástica de dos Coronas; una vinculación de igual a igual, de tal modo que sólo los navarros podrían ocupar cargos en sus instituciones e impartir justicia a otros navarros.

Las incorporaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya a la Corona castellana, anteriores en el tiempo, fueron complejas y dispares entre sí:

  • En Álava debemos distinguir entre las villas de realengo y las tierras de la Cofradía de Arriaga (conformada por la baja nobleza alavesa): las villas de realengo se incorporaron en 1200, y las tierras de la Cofradía de Arriaga en 1332 a través del llamado “Privilegio de contrato”. Mediante este documento el rey castellano eximió del pago de impuestos a todos los alaveses y recogió una serie de peticiones de la nobleza alavesa, por lo que este documento es considerado el origen pacticio del régimen jurídico alavés.
  • Guipúzcoa se incorporó también a Castilla en 1200 y sus habitantes estuvieron exentos del pago de impuestos o servicios personales al recibir sus villas los fueros de francos (expresión que alude tanto a la procedencia norpirenaica de sus gentes, como al carácter de hombres ingenuos o libres de tales pobladores).
  • Vizcaya fue un condado navarro hasta su incorporación nominal a Castilla a finales del siglo XI, momento en que comienza a conocerse como Señorío de Vizcaya. Digo nominal porque la intervención del rey castellano en adelante fue mínima y el Señorío continuó desarrollando sus peculiaridades. Hasta 1379 el rey de Castilla lo fue también de Vizcaya, pero no señor, pues el poder de gobierno y jurisdicción se había conferido hereditariamente a Íñigo López, el conde que había accedido a incorporar sus tierras al reino castellano en el siglo XI. En 1379, extinto el linaje señorial, el rey castellano se convierte también en señor de Vizcaya, pero se mantiene esta bicefalia de títulos: el de señor se vincula a la sociedad rural (pobladores de la “Tierra Llana”) y su derecho consuetudinario; y el de rey a la sociedad urbana (los ciudadanos de las villas) y sus privilegios (concedidos en forma de cartas pueblas y fueros locales). La redacción en 1452 del Fuero de Vizcaya, que fusiona el derecho consuetudinario del campo con los privilegios de las ciudades, manifestará durante siglos la pugna entre el derecho del rey castellano y el derecho foral vizcaíno. Para añadir más complejidad, el oeste de Vizcaya, territorio conocido como las Encartaciones, se rigió por su derecho propio.

La creación de Hermandades en Juntas Generales bajo el amparo real para cada territorio, el reconocimiento de la hidalguía universal (igualdad de todos los vascos), las exenciones fiscales y la adopción del contrafuero y el pase foral como mecanismos de control del poder constituyeron los principales elementos de los regímenes forales del Señorío de Vizcaya y las provincias de Álava y Guipúzcoa y son expresión del pactismo, esto es, la idea de que los fueros constituían un pacto entre el rey y los habitantes de cada territorio, de tal modo que el monarca no podía modificar estos fueros unilateralmente.

Hago un salto en el tiempo y me sitúo en los años treinta del siglo pasado:

  • En agosto de 1930 los catalanistas de izquierda que suscribieron el Pacto de San Sebastián obtuvieron de las demás partes firmantes el compromiso de reconocer el derecho que asistía a los catalanes de autodeterminarse en un estado autónomo dentro de una España federal. O eso interpretaron al menos los representantes catalanes, pues no existió texto escrito ni firmado de los compromisos allí suscritos para contrastarlo.
  • El 12 de abril de 1931 Esquerra Republicana de Catalunya arrasó en las elecciones municipales y se hizo con la hegemonía política en Cataluña, desplazando a la Lliga Regionalista. Francesc Macià proclamó dos días después “la República catalana com a Estat integrant de la Federació Ibèrica”. El Gobierno provisional en Madrid desconfiaba y envió a varios ministros a Barcelona, que convencieron a los dirigentes catalanes para que renunciasen al nombre de república catalana a cambio de la promesa de un estatuto de autonomía y la recuperación del histórico nombre de “Generalidad de Cataluña” para englobar esta vez al conjunto de las instituciones del autogobierno catalán. El Presidente de la República española, Niceto Alcalá Zamora, firmó ese acuerdo con Francesc Macià en Barcelona el 21 de abril. Es importante recalcar que hasta ese entonces a nadie se le había ocurrido ligar las instituciones catalanas del Antiguo Régimen, suprimidas tras la Guerra de Sucesión, a las contemporáneas de un régimen democrático y republicano. 
  • Por decretos de 28 de abril, del President Macià, se estructuraba la Generalidad provisional y se nombraba su primer Gobierno. La Generalidad quedaba integrada por un Consejo o Gobierno provisional, por una Asamblea o Diputación provisional (con 45 diputados elegidos en partidos judiciales por los regidores de todos los municipios catalanes) y por unos comisarios delegados del Gobierno catalán encargados de los servicios de las diputaciones provinciales catalanas (éstas habían sido suprimidas).
  • El Gobierno provisional de la República aprobó el 9 de mayo un “Decreto sobre las relaciones del Poder Central con la Generalidad de Cataluña”. Publicado al día siguiente en la Gaceta de Madrid, daba validez legal a los decretos que estaban produciendo las autoridades catalanas sin más cobertura que el acuerdo político suscrito entre Macià y Alcalá Zamora. Léase aquí -> https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1931/130/A00638-00639.pdf.
  • El 9 de junio se constituyó la Asamblea de municipios catalanes, que enseguida nombró a una comisión de seis miembros para que redactaran un anteproyecto de estatuto de autonomía. Éstos se reunieron en el Santuario de Nuria para cumplir su cometido y el 20 de junio presentaron el texto a la Asamblea. Ésta aprobó el anteproyecto de estatuto (conocido en adelante como Estatut de Núria) el 14 de julio y lo sometió a referéndum el 2 de agosto. Paralelamente, los consistorios catalanes debían pronunciarse también sobre el anteproyecto antes del 16 de julio: 1063 de 1068 ayuntamientos lo aprobaron. Estos requerimientos habían sido exigidos por el Decreto de 9 de mayo antedicho del Gobierno de Madrid.
  • Casi seiscientos mil catalanes varones (el 75,6% del censo) participaron en el referéndum y el 99,2% de ellos dio su visto bueno al estatuto de autonomía. Macià entregó el texto a Niceto Alcalá Zamora, y éste lo presentó ante las Cortes Constituyentes el 18 de agosto.
  • Las Cortes de Madrid no comenzaron el trámite legislativo del proyecto de estatuto catalán hasta mayo de 1932 (!), una vez se hubo aprobado el texto constitucional. El Estatuto de Autonomía finalmente aprobado en noviembre de 1932 guardaba muy poca relación con el presentado un año antes por las autoridades catalanas con el refrendo popular.

 

aproba
Parece la manifestación del 10/07/2010 contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, pero la foto es de 1932.

Los nacionalistas, fueristas y tradicionalistas vasconavarros, por su parte, no acudieron a la cita de la que saldría el Pacto de San Sebastián. Pero una vez proclamada la II República, y atentos a lo que ocurría en Cataluña, llevaron a cabo las siguientes acciones:

  • El 29 de abril de 1931 una comisión de alcaldes formuló ante el Gobernador Civil de Vizcaya la idea de convocar en cada provincia vasconavarra una asamblea de municipios para después dar paso a una gran asamblea de ayuntamientos vasconavarros en la que las provincias, a través de los poderes locales, acordasen el estatuto de autonomía que habría de presentarse a la República. Con esa idea el 8 de mayo se realizó el encargo de un anteproyecto de estatuto a la Sociedad de Estudios Vascos.
  • La Sociedad de Estudios Vascos presentó el 31 de mayo su anteproyecto de “Estatuto general del Estado vasco” el 31 de mayo.
  • La gran asamblea de ayuntamientos vasconavarros se reunió finalmente el 14 de junio en Estella, y en ella se debatió y aprobó punto por punto el citado anteproyecto de la Sociedad de Estudios Vascos con la introducción de las polémicas “Enmiendas de Estella” (entre ellas, la reserva competencial del Estado vasco para negociar su propio concordato con la Santa Sede, como ya lo hacían muchos cantones suizos).
  • La Gestora republicano-socialista de la Diputación Foral de Navarra había encargado paralelamente otros anteproyectos de estatuto (uno vasconavarro y otro para Navarra sola). Sin embargo, en una asamblea de municipios navarros celebrada el 10 de agosto, los ayuntamientos navarros se decantarían por amplísima mayoría por el Estatuto de Estella.
  • El 22 de septiembre una delegación de alcaldes vasconavarros presentaron el Proyecto de Estatuto de Estella a Niceto Alcalá Zamora. Las Cortes Constituyentes, sin embargo, lo rechazaron a finales de septiembre, sin esperar siquiera a la aprobación de la futura Constitución republicana, por prever que el proyecto sería plenamente inconstitucional.

El fracaso de los Estatutos de Núria y Estella manifiesta la diferente concepción que sobre la autonomía tenían las clases dirigentes de Madrid, por un lado, y las catalanas y vasconavarras, por otro lado. Así, mientras que para aquéllas la autonomía era una concesión hecha por el pueblo español a los habitantes de una parte de su territorio, para éstas consistía en un ejercicio de libre determinación para integrarse libremente en la República española como estados federados. En el caso catalán, esa lógica bebía una vez más del principio de las nacionalidades tan en boga en la Europa de entonces; en el caso vasconavarro, se añadía además la tradición pactista que habían reflejado sus fueros hasta el siglo anterior. Pactismo y autodeterminación constituían así las versiones tradicionalista y materialista de una misma pretensión, la del ensamblaje jurídico de unos territorios bajo el paraguas de una Constitución federal.

Añadiré, con fines pedagógicos, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Josef Krizan, C-416/10, Internationale Handelgesellschaft, 11/70, aptdo. 3; Winner Wetten, C-409/06, aptdo. 61) señala que las normas nacionales, incluso las de orden constitucional, no pueden menoscabar la unidad y la eficacia del Derecho Europeo (!). Cuando un Estado se une voluntariamente a un proyecto de integración política como el europeo, llega a un punto que no aprecia que sus leyes (y Constituciones) propias han quedado subordinadas a la voluntad del ente supranacional.

Pluralidad
Los sistemas jurídicos tienen relaciones muy complejas y no siempre pueden jerarquizarse entre sí: desde la perspectiva del TJUE el Derecho de la Unión Europea prima incluso sobre las constitucionales nacionales; para un jurista nacional, en cambio, su constitución es la norma suprema. En una situación similar pudieron encontrarse los fueristas siglos atrás: la constitución liberal debía respetar sus fueros.

Los sistemas jurídicos tienen relaciones muy complejas y no siempre pueden jerarquizarse entre sí: desde la perspectiva del TJUE el Derecho de la Unión Europea prima incluso sobre las constituciones nacionales; para un jurista nacional, en cambio, su constitución es la norma suprema. En una situación similar pudieron encontrarse los fueristas siglos atrás: la constitución liberal debía respetar sus fueros.

Conclusiones puntuales sobre los ropajes de los nacionalismos periféricos para un 11 de septiembre como hoy

  • A crear la imagen de la derrota de 1714 como el fin de una independencia catalana ha contribuido el “lado español” tanto como el “catalanista”, pues fueron patriotas españoles (no lo digo en tono peyorativo) quienes enlazaron, sin pretenderlo, el glorioso pasado de las Constituciones catalanas con el catalanismo político en el movimiento de la Renaixença, y quienes generaron la falsa ilusión de “restaurar” la Generalitat del Antiguo Régimen en 1931 para esquivar la nomenclatura de “república catalana” y “estado catalán”.
  • La Comunidad Foral de Navarra no es foral, ni foral es su Diputación Foral, ni forales son las Juntas Forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. El concierto económico vasco y el convenio económico navarro tampoco son derecho foral. Antes al contrario, fueron la alternativa dada por los Gobiernos de Madrid como contrapartida por la supresión de los regímenes forales a lo largo del siglo XIX. Bajo el régimen foral vascos y navarros estaban exentos del pago de impuestos a la Corona; bajo las Constituciones liberales deberían pagar algo, pero menos que el resto de españoles. No hay razón para que se mantenga esta situación, a menos que se generalice al resto del Estado.

 

SUS CUERPOS

Los mitos por sí solos no bastan para explicar la expansión de los nacionalismos hispánicos por el cuerpo electoral. Los nacionalismos vasco y catalán sólo han canalizado el malestar de las personas de un lugar o una divergencia de intereses hacia una meta: la de resolver por sí mismos los problemas propios. Hubo también otros canalizadores que compitieron con el nacionalismo (socialismo, anarquismo…), pero la historia evidencia que la “cuestión nacional” ha movilizado siempre más que la “cuestión social”. Sea como fuere, desde el momento en que eclosiona un movimiento regionalista o nacionalista en un territorio, las clases dirigentes del resto de la nación recelan de él, se olvidan de analizar las causas que han provocado su aparición, y lo combaten sin más. ¡La empatía a tomar por saco! En adelante los nacionalismos español y vasco/catalán se retroalimentan, la situación se enquista, el sentimiento fortalece el nacionalismo y la sociedad sobre la que éste actúa comienza a manifestar vivencias colectivas y comportamientos electorales distintos a los del resto de la nación originaria.

España interiorizó el constitucionalismo liberal coincidiendo con el desmembramiento de su imperio. Las cosas no marchaban bien en nuestro país en el siglo XIX. Hubo movimientos dispares, todos de alcance nacional, que trataban de enmendar la situación: absolutistas y liberales, carlistas e isabelinos, progresistas y moderados, republicanos y monárquicos, federalistas y centralistas, socialistas y anarquistas.  Sin embargo, las circunstancias socioeconómicas del entorno más inmediato llevan a que el anarquismo tenga inicialmente más éxito que el socialismo en Cataluña, Levante y Andalucía, pero no en Madrid y Vizcaya; a que sólo los liberales catalanes compartan con todos los conservadores españoles las tesis proteccionistas; a que los fueristas liberales se vean obligados a evolucionar hacia planteamientos nacionalistas con el tiempo.

Macià
La película “El coronel Macià” recoge la evolución ideológica de Francesc Macià, un oficial del ejército español que acabó proclamando la República catalana en 1931.

En 1895 los militares irrumpieron en los locales de los diarios madrileños El Resumen, El Globo y El Heraldo de Madrid; en 1900 atacaron las sedes de El Progreso (Xàtiva) y El Telégrafo (Tenerife); en 1905 les llegó el turno a los periódicos catalanistas Cu-Cut! y La Veu de Catalunya. Las ofensas al Ejército de la prensa catalana, sin embargo, resultaban indisociables del ataque a la patria desde el catalanismo, a ojos del estamento castrense. Eso nos lleva a la Ley de Jurisdicciones en 1906, por la que los delitos contra la patria y el Ejército pasaron a ser conocidos por la jurisdicción militar, y al éxito de la coalición Solidaritat Catalana en las elecciones generales de 1907. Esta particular fijación en las críticas procedentes del catalanismo contra el funcionamiento de las instituciones del Estado ha sido constante. Los medios han tendido a tratar de manera distinta un mismo comportamiento político según procediese de un territorio u otro [la película “El coronel Macià”, en la imagen de la izquierda, recoge la evolución ideológica de Francesc Macià, un oficial del ejército español que acabó proclamando la República catalana en 1931. Asaltar las redacciones de los periódicos considerados antimilitaristas se convirtió en una práctica recurrente del Ejército en el paso del siglo XIX al XX].

No me entretendré enlistando más episodios de represión y los avances de los nacionalismos en el siglo XX. Pero me detendré en el tema de la lengua. Es cierto que los primeros catalanistas, con Cambó al frente, tuvieron claro que la lengua debía ser el principal instrumento de su movimiento. Ya la Renaixença había conseguido que la burguesía catalana no perdiera el catalán como lengua vehicular (no pasó lo mismo con la burguesía valenciana; como diría el poeta Bernat i Baldoví, “casa donde hay piano, no se habla valenciano”). Pero, guste o no, lo cierto es que la implantación de la instrucción pública andaba muy atrasada en España, en comparación con otros países de nuestro entorno europeo. A diferencia de la asistencia sanitaria, la instrucción pública no nació como pilar de un estado del bienestar, sino como una herramienta de adoctrinamiento social al servicio del Estado, en competición con el púlpito, para concienciar a los ciudadanos de su pertenencia a la nación y de sus deberes para con la patria. En España eso llega más tarde que en Francia, Italia o Alemania. No sé si esa es una razón importante para explicar que franceses e italianos no hagan de sus lenguas patois y dialetti una seña de identidad y orgullo como en España. Sea como fuere, el uso de las lenguas españolas diferentes del castellano (en la enseñanza pública, entre los empleados públicos, en el poder judicial, etc.) ha sido uno de los grandes semilleros de posturas irreconciliables entre quienes pertenecen a territorios bilingües y el resto de los españoles.

Tema aún más espinoso es el terrorismo etarra. No sé casi nada del asunto, pero me atrevo a imaginar que el especial ensañamiento de los primeros años del franquismo contra todo lo vasco, y especialmente la fractura social que para las generaciones venideras debió de causar la impunidad de muchos actos represivos cometidos por los funcionarios enviados desde Madrid a los municipios euskaldunes, explica que hubiese tantos ancianos con boina gritando goras a ETA en los noventa, imágenes que de niño veía en las noticias mas no comprendía. Me asombraba muchísimo que hubiese ancianos que mostraran simpatía por una organización terrorista y me preguntaba por qué. Con la edad aprendí cosas como que más del 56% de los vizcaínos y guipuzcoanos no votaron en el referéndum constitucional de 1978, o que los miembros represivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la dictadura siguieron en sus puestos y subiendo en el escalafón tan ricamente ya en democracia. Aún me quedan por conocer episodios oscuros de nuestra democracia como los GAL y la lucha sucia contra ETA. Todo eso no justifica nada, pero me lleva a concluir que el terrorismo en democracia y sus apoyos fue el síntoma de una enfermedad crónica mucho más profunda, que por suerte ya ha desaparecido.

Castellón de la Plana, 11 de septiembre de 2015.

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