La posguerra y la reconciliación nacional como cimientos de la corrupción sistémica de Italia

Hace meses leí La Italia que pudo ser, un bello artículo de Jotdown que aludía al declive económico del país y trataba de explicar la aparición primero de Berlusconi y más recientemente del euroescéptico Movimento Cinque Stelle partiendo de la corrupción sistémica en la que vivían las administraciones públicas y todos los partidos políticos italianos a comienzos de los años noventa. Esta segunda nota que dedico a la obra “Postguerra. Una historia de Europa desde 1945″, de Tony Judt (páginas 419 a 425), es mucho más corta que la anterior y en ella recojo extractos que tratan precisamente del punto de partida de la corrupción política del país en el contexto del dopoguerra, la posguerra italiana:

Italia se convirtió en una democracia, si bien imperfecta, y siguió siéndolo durante las décadas de la postguerra. Esto constituyó un logro notable. Italia era un país profundamente dividido. De hecho, incluso su existencia como país era desde hacía tiempo objeto de controversia, y volvería a serlo en años venideros. Algunos estudios de principios de la década de 1950 sugieren que apenas uno de cada cinco adultos italianos se comunicaba exclusivamente en italiano: muchos italianos continuaban identificándose sobre todo con su localidad o región y utilizaban su dialecto o idioma en la mayor parte de su actividad diaria. […]

El atraso de la Italia del sur, o Mezzogiorno, era tristemente célebre; […] el sur era pobre. Una investigación parlamentaria llevada a cabo en 1954 revelaba que el 85 por ciento de las familias más pobres de Italia vivía al sur de Roma. […] Tomando como referencia una renta per cápita media de 100, la cifra correspondiente al Piamonte, en el próspero noroeste de Italia, era de 174 y la de Calabria, en el remoto sur, sólo de 52.

La guerra había exacerbado aún más la división histórica de Italia: mientras que a partir de septiembre de 1943 el norte había vivido casi dos años de dominio alemán y resistencia política, seguidos de la ocupación militar aliada de sus radicalizadas ciudades, el sur de Italia había sido literalmente salvado de la guerra por la llegada de las tropas aliadas occidentales. En el Mezzogiorno, las estructuras sociales y administrativas heredadas de los fascistas, por tanto, habían salido indemnes del sangriento golpe por el que Mussolini fue sustituido por uno de sus generales. A los contrastes políticos y económicos existentes desde siempre entre la Italia del norte y la del sur, se añadieron entonces sus diferentes experiencias de la guerra.

El fracaso de las reformas agrarias de la postguerra condujo a los gobiernos italianos a adoptar un nuevo enfoque respecto a la controvertida «cuestión del sur». En agosto de 1950, el Parlamento italiano fundó una Cassa per il Mezzogiorno, un Fondo para el Sur, destinado a canalizar la riqueza nacional hacia el depauperado sur de Italia. En sí misma, la idea no era nueva —los esfuerzos realizados por Roma para solucionar la pobreza y la desesperada situación del sur se remontan como mínimo a los gobiernos de inspiración reformista de Giovanni Giolitti de principios del siglo XX—. Pero todas estas iniciativas anteriores habían servido de poco, y la única solución eficaz para los males de los habitantes del sur de Italia seguía siendo, como lo había sido desde el nacimiento de la Italia moderna, la emigración. Sin embargo, en cuanto a recursos, la Cassa simbolizaba un compromiso muy superior a cualquier otro plan anterior, y tenía más posibilidades de éxito, dado que encajaba bastante bien en los mecanismos políticos esenciales de la nueva república italiana.

La función del Estado republicano no era muy distinta a la de su predecesor fascista, del que había heredado la mayoría de sus burócratas: el papel de Roma consistía en proporcionar empleo, servicios y bienestar a los muchos ciudadanos italianos para los que constituía el único refugio. Mediante diversos intermediarios y organismos —entre ellos el IRI (Instituto para la Reconstrucción Industrial) o el INPS (Instituto Nacional para la Seguridad Social), fundados por Mussolini, o el ENI (Ente Nacional de Hidrocarburos), fundado en la década de 1950—, el Estado italiano poseía o bien controlaba grandes sectores de la economía italiana, principalmente la energía, el transporte, la industria química y la alimentaria.

Cualesquiera que fueran los argumentos económicos contrarios a dicha estrategia (enraizada en parte en la tendencia fascista a la autarquía económica) lo cierto es que sus ventajas sociales y políticas. A comienzos de la década de 1950, el IRI tenía empleadas a 216.000 personas; otros organismos, incluidas las numerosas instancias de la burocracia nacional, empleaban a cientos de miles más. Las contratas financiadas por la Cassa —para la construcción de carreteras, la vivienda, los planes agrícolas de regadío— y las subvenciones estatales para nuevas fábricas y servicios comerciales constituían otra fuente muy importante de financiación centralizada, al igual que lo era el empleo público en sí mismo: a mediados de la década de 1950, aproximadamente tres de cada cinco funcionarios procedían del sur, a pesar de que dicha región representaba poco más de un tercio de la población del país.

Estos acuerdos constituían un terreno abonado para la corrupción y el delito; también en este punto la república se enmarcaba claramente en una tradición que se remontaba a los primeros años del Estado unificado. Quienquiera que controlara el Estado italiano, se encontraba en una posición especialmente idónea para dispensar favores, directa e indirectamente. De este modo, la política de la Italia de la postguerra, a pesar de su pátina de fervor religioso o ideológico, consistía fundamentalmente en una lucha por ocupar el Estado, por acceder a sus resortes de privilegios y patrocinio. Y en lo tocante al control y el manejo de estos resortes, los cristianodemócratas de Alcide de Gasperi y sus sucesores demostraron una habilidad y una iniciativa incomparables.

En 1953, y de nuevo en 1958, la Democracia Cristiana consiguió más del 40 por ciento de los votos (cifra que no descendería por debajo del 38 por ciento hasta finales de la década de 1970). En coalición con los pequeños partidos del centro, dirigió el país ininterrumpidamente hasta 1963, año en el que pasaron a asociarse con los partidos minoritarios de la izquierda no comunista. Su apoyo más fuerte, fuera de los tradicionales votantes católicos de Venecia y el Véneto, residía en el sur del país: Basilicata, Molise, Calabria y las islas de Cerdeña y Sicilia. En esta región no era la fe, sino los servicios, los que atraían el voto de los habitantes de las pequeñas ciudades de provincia hacia la Democracia Cristiana, a la que se mantendrían fieles durante generaciones. Lo que hacía que los alcaldes o los representantes parlamentarios cristianodemócratas del sur fueran elegidos una y otra vez eran sus promesas de electricidad, instalación de agua corriente en las casas, préstamos agrarios, carreteras, escuelas, fábricas y puestos de trabajo (las cuales podían cumplir gracias al monopolio del poder que ejercía su partido).

La Democracia Cristiana italiana se parecía en muchos aspectos a otros partidos similares de Alemania Occidental, Holanda y Bélgica. Carecía de bagaje ideológico. Obviamente, De Gasperi y sus sucesores tenían buen cuidado de reunirse con regularidad con las autoridades vaticanas y de no proponer ni apoyar nunca ningún tipo de legislación que el Vaticano desaprobara; la Italia de la postguerra representó en algunos aspectos la venganza de la Iglesia frente al secularismo anticlerical del nuevo Estado italiano posterior a 1861. Pero el activo papel que desempeñó la Iglesia católica en la política italiana no fue tan importante como sus defensores y detractores pretendían reivindicar. El principal instrumento para el control social lo constituían los poderosos ministerios centrales […].

Con el tiempo, el sistema clientelista de patrocinio y favores impuesto por los cristianodemócratas llegó a caracterizar a la política italiana en general. Otros partidos se vieron obligados a seguir su ejemplo: en las ciudades y distritos controlados por el PCI, especialmente en la «roja» Bolonia y en los alrededores de la región de Emilia, los comunistas apoyaban a sus amigos y favorecían a sus clientes, los trabajadores de las ciudades y los pequeños propietarios agrícolas del bajo valle del Po. De existir alguna diferencia, ésta radicaba en el énfasis comunista en la corrección y la honestidad de su administración municipal, en contraste con la ampliamente conocida corrupción y los rumores de vinculación con la Mafia de los municipios demócratacristianos del sur. En la década de 1950, la corrupción a gran escala constituía un cuasi-monopolio de los democratacristianos, si bien en décadas posteriores los socialistas que gobernaron las grandes ciudades del norte los emularon con considerable éxito. En política, la corrupción es en gran medida producto de la oportunidad.

El estilo del gobierno italiano no era especialmente edificante, pero funcionaba. Con el tiempo, áreas completas de actividad pública y cívica quedaron divididas, de facto, en familias políticas. Industrias enteras fueron «colonizadas» por los cristianodemócratas. El control y el empleo en los periódicos y la radio —y más adelante en la televisión— se repartieron entre los cristianodemócratas, los socialistas y los comunistas; de vez en cuando se tenía en cuenta al reducido electorado formado por los liberales anticlericales de la vieja escuela. Los puestos de trabajo y los favores se generaban y facilitaban de forma directamente proporcional al grado de influencia política local, regional y nacional. Todos los organismos sociales, desde los sindicatos a los clubes deportivos, se dividieron entre los cristianodemócratas, los socialistas, los comunistas, los republicanos y las distintas variantes liberales. Desde el punto de vista del homo economicus, el sistema era a todas luces poco rentable, además de resultar perjudicial para la iniciativa privada y la eficacia fiscal. El «milagro económico» italiano (como veremos) se produjo más a su pesar que por su causa.

No obstante, la estabilidad de la Italia de la postguerra constituía la condición sine qua non para posibilitar el crecimiento económico del país y su posterior transformación social. Y dicha estabilidad descansaba, por paradójico que pueda resultar, en los más que peculiares acuerdos institucionales descritos anteriormente. El país carecía de una mayoría estable a favor de un partido o programa, y el complicado sistema electoral de la representación proporcional generaba parlamentos demasiado divididos para llegar a un acuerdo en lo tocante a la legislación fundamental o más controvertida: la Constitución republicana de la postguerra no llegó a contar con un Tribunal Constitucional que sancionara sus leyes hasta 1956, y la tan debatida necesidad de la autonomía regional no se votaría en el Parlamento hasta catorce años más tarde.

Por consiguiente, como en el caso de la Cuarta República Francesa y en parte por las mismas razones, Italia estaba dirigida en realidad por unos administradores no elegidos que trabajaban en el Gobierno central o en alguna de las numerosas agencias paraestatales. Este resultado claramente antidemocrático ha llevado a los historiadores a tratar el sistema político italiano con cierto desdén. Las oportunidades para el cohecho, el soborno, la corrupción, el favoritismo político e incluso el robo, sin más, eran en efecto numerosas, y se utilizaban sobre todo en beneficio del virtual monopolio monopartidista de los cristianodemócratas. Sin embargo, bajo el paraguas de estos acuerdos, el Estado y la sociedad italianos demostraron una adaptabilidad sorprendente tanto frente a los retos heredados como frente a los que planteaba el futuro. En comparación con los niveles de Canadá o Dinamarca, la Italia de la década de 1950 podía mostrar deficiencias en cuanto a honradez pública y transparencia institucional. Pero, para los niveles de su agitado pasado nacional, o los de otros Estados mediterráneos europeos con los que el país solía compararse, Italia había dado un importante paso adelante.

A mi todo esto de trasladar los apoyos electorales de cada partido al reparto del poder y los empleos en las instituciones y empresas públicas me ha recordado al confesionalismo político del Líbano y todas aquellos países donde, yendo más allá de la democracia consensual, el poder se distribuye atendiendo a la composición étnica del lugar. Tal era el caso de Chipre antes del golpe de estado de 1974 y la consiguiente invasión turca, o el de muchos países de mayoría musulmana que han utilizado el estado como carcasa o caparazón de sus relaciones tribales o interclánicas. La constitución bosnia actual, sin ir más lejos, distribuye el poder entre bosníacos musulmanes, croatabosnios y serbobosnios, no permitiendo el sufragio pasivo de las minorías judía y gitana para muchos cargos públicos del país (véase la Sentencia Sejdić-Finci del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 2009). Los españoles también hemos conocido algo similar al caso italiano. Ahí está el triste final de nuestras cajas de ahorro, que hacían realidad los caprichos de los dirigentes locales y cuyo poder se repartía entre los distintos partidos políticos.

En resumen, la guerra civil que vivió la Italia septentrional entre 1943 y 1945, la fuerte polarización política de la posguerra (Italia fue el único país de Europa occidental donde la alternativa real de gobierno frente al centro-derecha no era la socialdemocracia sino un partido comunista) y el papel del Estado como amortiguador (o vía de escape) de las diferencias socioeconómicas entre el norte industrial y el sur depauperado son circunstancias que, entrelazadas entre sí, explicarían en buena medida, según el autor, el carácter estructural de la corrupción en la cosa pública y la política italiana durante la segunda mitad del siglo XX.

Castellón de la Plana, 1 de septiembre de 2016.

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