Paridas normativas de lenguaje retorcido

Los conceptos son escurridizos. Pero de ahí a llamar una cosa con su opuesto hay un trecho. Por oportunismo político los burócratas se ven compelidos a pervertir el lenguaje al más puro estilo orwelliano de 1984 para crear falsas categorías y establecer distinciones que, lejos de sostenerse, constituyen un insulto a la inteligencia. Estas tropelías acaban teniendo entrada en los diarios oficiales y pasan a integrar el sistema de normas por el que se rigen nuestras vidas. En esta nota recopilo algunas:

«Visado»

Antes de la Primera Guerra Mundial nuestros antepasados habitaron un mundo libre en que se podía viajar a cualquier parte sin necesidad de visados. Pero en los cien años sucesivos, por el contrario, los visados se convirtieron en un instrumento clave para frenar (“ordenar”, se dice) los grandes movimientos migratorios de motivación económica. En ese sentido, cualquier régimen de entrada a un país (al espacio Schengen, en el caso de buena parte de Europa) distingue dos tipos de países: aquellos cuyos nacionales están exentos de visado; y aquellos cuyos nacionales sí deben solicitar un visado para entrar. A partir de ahí, unos regímenes o sistemas de visados se hacen más complejos que otros en atención a los fines perseguidos y a las características de cada flujo migratorio.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

visado
1. m. Acción y efecto de visar la autoridad un documento.

visar
Del fr. viser, y este der. del lat. visus ‘visto’.
1. tr. Reconocer o examinar un instrumento, certificación, etc., poniéndole el visto bueno.
2. tr. Dicho de la autoridad competente: Dar validez a un pasaporte u otro documento para determinado uso.
3. tr. Entre artilleros y topógrafos, dirigir la puntería o la visual.

WIKIPEDIA

A visa (from the Latin charta visa, meaning “paper which has been seen”) is a conditional authorization granted by a country (typically to a foreigner) to enter and temporarily remain within, or to leave that country.

Así era el orden de las cosas hasta que recientemente se ha puesto de moda, en aras a la tan manida seguridad, exigir una “autorización” de entrada a todas aquellas personas exentas de visado (pedazo de oxímoron). Entre 2009 y 2010 Estados Unidos implantó su Electronic System for Travel Authorization (ESTA). La web oficial donde se obtiene dice eufemísticamente que yo, en tanto que español, soy “eligible to apply for admission under the Visa Waiver Program”, es decir, que tengo que estar muy agradecido de poder solicitar una autorización dado que estoy exento de visado. Sólo tengo que facilitarles mis datos personales, pagar 14$ y esperar a que se genere mi autorización. Todo por internet. ¡Mil gracias!

Este sistema fue calificado en su momento por muchos europarlamentarios como un visado encubierto. Sin embargo, ayer mismo la Comisión Europea anunció su propuesta de European Travel Information and Authorization System (ETIAS), que es una copia fidedigna del original estadounidense descrito en el párrafo anterior. Si entra en vigor para 2020, como se pretende, obligará a todos los viajeros no ciudadanos de la Unión exentos de visado a solicitar y pagar 5€ por una autorización de entrada al espacio Schengen. Todo por internet y en muy pocos minutos, a menos que tengas la desgracia de apellidarte como algún terrorista y tu solicitud deba ser procesada a mano por una persona, lo que demoraría la respuesta un par de semanas.

Los australianos, por su parte, utilizan el mismo sistema; pero lo llaman como es, un visado, porque no tienen reparos en admitir que exigen visado a todo el planeta. Así, la web oficial correspondiente contempla la siguiente modalidad de visado para un español:

eVisitor (subclass 61): “This visa lets you visit Australia to visit or for business visitor purposes for up to three months at a time within a 12-month period. This is a free visa.”

Se solicita igualmente por internet en un plis plas, ¡y encima es gratis! Aun así la llaman visado. Los australianos no retuercen el lenguaje en este caso.

«Aguas canarias»

El 30 de diciembre de 2010 las Cortes Generales despacharon ese año con la aprobación de la Ley 44/2010 de aguas canarias, un texto que ni los propios legisladores parecieron saber qué dice, si es que decía algo, pero que todavía sigue en vigor. Su artículo único establece un perímetro formado por líneas rectas que unan determinados puntos salientes de las islas que integran Canarias. Las aguas situadas dentro de ese perímetro recibirían, a partir del 31 de marzo de 2011, el nombre de “aguas canarias”.

La exposición de motivos señala que el ÁMBITO TERRITORIAL de Canarias (el espacio terrestre de las islas) no basta para cubrir el concepto de “Archipiélago Canario” al que alude el artículo 2 del Estatuto de Autonomía, siendo imprescindible que el Estado, titular del dominio público marítimo-terrestre, delimite el ÁMBITO MARÍTIMO del Archipiélago Canario. ¿Qué significa esto? Para Coalición Canaria, propulsora de la ley, las aguas interinsulares situadas más allá de las 12 millas de mar territorial y dentro del perímetro ya citado dejarían de ser “internacionales” para ser definitivamente “canarias” (pongo esas dos palabras entrecomilladas porque no son términos jurídicos, si bien son los que manejan los medios y los que reproduce la opinión pública).

Ahora bien, la propia disposición adicional única de la ley señala que el establecimento de ese perímetro no altera en absoluto la delimitación preexistente de los espacios marinos (mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental y zona marítima especialmente sensible) establecida conforme al Derecho Internacional.

Para el Gobierno canario la ley suponía la ampliación del “territorio archipelágico” de 7.000 a 40.000km² (sí, a efectos archipelágicos tanto superficie terrestre como superficie marítima son, según esta gente, “territorio” del “Archipiélago Canario”, y por tanto de la Comunidad Autónoma de Canarias). Esto conllevaría un beneficio para Canarias en la financiación autonómica que recibe del Estado, en atención al criterio del territorio. ¡Toma disparate! Así mismo, el Gobierno canario considera que asumiría nuevas competencias, tales como la gestión de los hidrocarburos y otros recursos del subsuelo marino “canario”, ¡ahí es nada!

Tratando de dar una traducción jurídica a estas declaraciones interpretativas, sólo se me ocurre que esta ley pretendiese la transferencia a la Comunidad Autónoma de Canarias de la TITULARIDAD DEL DOMINIO PÚBLICO ESTATAL sobre el mar territorial y los recursos de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental (artículo 132.2 de la Constitución) situados dentro del perímetro de las “aguas canarias”, a través, quizá, del artículo 150.2 de la Constitución. Ahora bien, ¿se puede transferir a las CC.AA. bienes de dominio público que la Constitución asigna al Estado? Por vía del artículo 150.2 desde luego que no, pues este señala que tal transferencia debe realizarse mediante ley orgánica, y la Ley 44/2010 de aguas canarias es ordinaria.

En los años siguientes el Ejecutivo canario pleiteó sin éxito contra el Estado en unos cuantos casos relacionados con las prospecciones petrolíferas, el patrimonio natural y la biodiversidad marina. En todos ellos el Tribunal Constitucional ha reafirmado su doctrina de que el mar territorial no forma parte del territorio de las Comunidades Autónomas.

aguas-canarias

«Reforma»

Parece mentira, pero resulta que un estatuto de autonomía puede modificarse mediante ley ordinaria sin que eso se considere “reforma del estatuto”. Esa es la previsión del artículo 73.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Dicho artículo posibilita que, mediante acuerdo del Gobierno de España con el Gobierno valenciano, tramitado por el Gobierno como proyecto de ley, y en aras al artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas, se pueda modificar el artículo 73.1 del Estatuto de Autonomía sin necesidad de aprobar una ley orgánica de reforma estatutaria. Esa previsión se ha materializado con la Ley 23/2010 del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, que modifica (pero no reforma) el Estatuto de Autonomía valenciano.

El artículo 147.3 de la Constitución dice: “La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica”. Basta que un estatuto establezca que modificar y reformar no son lo mismo para saltarse a la tolera el precepto constitucional. ¡Viva el derecho!

En otra nota mía hablé de las diferencias entre consulta popular y referéndum en España, así como del derecho a decidir y la autodeterminación. No la he incluido aquí porque su contenido me parece demasiado extenso y denso.

Castellón de la Plana, 17 de noviembre de 2016.

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