¿La Iglesia Católica topa o sólo se roza con el Derecho de la Unión?

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho pública hoy su sentencia en relación con un asunto que enfrentaba al Ayuntamiento de Getafe con la Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania. ¿El motivo? La organización religiosa, que había pagado un tributo municipal (el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO) para realizar unas obras en el salón de actos de su colegio «La Inmaculada», quería que el ayuntamiento le devolviera el importe satisfecho. ¿Con qué fundamento? Esgrimía que estaba exenta de dicho tributo en virtud del Acuerdo entre España y la Santa Sede sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979.

Después de presentar los recursos administrativos pertinentes, el asunto llegó a manos de un juez de lo contencioso-administrativo. Éste tenía dudas de que la exención fiscal fuera compatible con el régimen de las ayudas de Estado previsto en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que decidió preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión (en adelante el TJUE) para que le aclarara la cuestión antes de resolver sobre el litigio. Dicho con jerga jurídica, elevó una «cuestión prejudicial» ante el TJUE, que es el máximo intérprete de los Tratados de la Unión. El contenido de la cuestión prejudicial o pregunta fue el siguiente:

¿Es contraria al artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea la exención a la Iglesia Católica del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en relación con las realizadas en inmuebles destinados al desarrollo de actividades económicas que no tengan una finalidad estrictamente religiosa?

Así pues, la sentencia del TJUE no responde directamente a la pregunta de si el Ayuntamiento de Getafe le tiene que devolver o no el dinero a la Congregación, sino que da al juez español las indicaciones precisas para que resuelva este litigio de conformidad con el Derecho de la Unión. ¿Y qué le dice en concreto? Que todo depende del uso que el colegio religioso «La Inmaculada» le haya estado dando al salón de actos.

Se da la circunstancia de que «La Inmaculada», como muchos otros centros privados, desarrolla actividades religiosas, imparte enseñanzas subvencionadas por el Estado (educación concertada) y otras sin dicho apoyo financiero (educación privada). Sólo estas enseñanzas privadas supondrían actividad económica a los ojos del régimen de ayudas de Estado del Derecho de la Unión, de modo que la exención fiscal únicamente estaría prohibida en el supuesto hipotético de que las enseñanzas no subvencionadas del centro monopolizaran el uso del salón de actos. Va a ser que el Ayuntamiento de Getafe le va a tener que devolver la pasta a la Congregación, ¿verdad?

Ahora bien, me interesa cuando el 19º párrafo de la sentencia dice que «la cuestión de la conformidad con el Derecho de la Unión de la exención del ICIO de la que disfruta la Iglesia Católica no se ha planteado nunca ante los tribunales españoles». Cuando estudiaba Derecho Eclesiástico en la carrera, la profesora nos planteó un supuesto asimilable a este, si bien no era de índole tributaria sino que versaba sobre derechos fundamentales. No recuerdo bien el supuesto, sólo que se trataba de un hospital religioso en el que los familiares de un enfermo hospitalizado increparon a los religiosos que estaban cantando o bendiciendo las habitaciones. Imagino que el centro habría denunciado a esos familiares, arguyendo que habían atentado contra la libertad religiosa y, más en concreto, contra el ideario de la organización religiosa que sustentaba el hospital. La profesora nos preguntó uno por uno qué pensábamos como juristas. Yo fui el único que hizo hincapié en que se trataba de un hospital y no de un centro de culto, por muy religioso que fuera. Ella manifestó su discrepancia conmigo, pero acto seguido reconoció que mi respuesta se acercaba mucho a la dada por el Tribunal Constitucional.

Tratando de buscar esa sentencia del Tribunal Constitucional para ponerla en relación con el asunto del TJUE, me he tropezado con jurisprudencia del Tribunal Supremo que sí versa precisamente sobre la exención del ICIO a favor de la Iglesia Católica. Se trata de la STS nº 5954/2003 de 03/10/2003 y la STS nº 4901/2014 de 19/11/2014.

  • La primera enfrentaba a la Comunidad Religiosa de la Casa de la Salud con el Ayuntamiento de Valencia, y en ella se dictaminó que las obras de ampliación de un hospital perteneciente a la organización religiosa sí estaban exentas del ICIO, sin el menor miramiento por el carácter económico o no del centro hospitalario.
  • En la segunda era la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl quien pleiteaba con el Ayuntamiento de Zaragoza. También aquí se falló a favor de la exención fiscal, argumentando que si un bien inmueble está exento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en virtud de los Acuerdos con la Santa Sede, necesariamente también ha de estar exento del ICIO por la misma razón. ¡Toma castaña!

Yo siempre partí de la idea de que, por más que se trate de instituciones religiosas, había que distinguir entre lo que son propiamente centros de culto, y lo que son hospitales, colegios y cualquier otro negocio cuyo titular sea una organización religiosa. Parece que nuestras autoridades le daban al conjunto un tratamiento demasiado permisivo, y que la judicatura española se obcecaba con la naturaleza de cada impuesto para determinar si había exención o no. Pero bastó con introducir un nuevo enfoque en el análisis, el de la regla general de que las ayudas de Estado están prohibidas, para que hayan comenzado a cambiar las cosas.

En fin, que me encanta la pluralidad de ordenamientos, esto es, la interacción entre normas pertenecientes al Derecho Internacional, el Derecho de la Unión Europea y el Derecho nacional. Se trata, en el caso presente, de los Acuerdos con la Santa Sede, el artículo 107 del TFUE y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ¿A que es bonito el Derecho?

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